Coca Cola España, ha comenzado esta mañana a desmantelar la planta de Fuenlabrada, en Madrid, con protección policial según lxs trabajadorxs…¡solidaridad! En actualizacion permanente

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Cargas policiales, varios heridos y al menos una persona retenida por la policía es el balance de los enfrentamientos que se han producido esta mañana cuando las fuerzas de seguridad han desmantelado el campamento que los trabajadores de Coca-Cola mantenían a la entrada de la distribuidora de Fuenlabrada (Madrid). Los empleados, que han popularizado el hashtag #CocaColaenLucha desde que hace más de un año fueran despedidos, sostienen que la actuación policial de esta mañana se debe a la intención de la empresa de desmantelar la factoría para tratar de incumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulos los 821 despidos realizados en la fábrica de la localidad madrileña.

CUARTOPODER | Publicado: 15/1/2015

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Coca Cola intenta irse de Fuenlabrada pese a la resistencia de los trabajadores
La policía ha acordonado las instalaciones y los trabajadores denuncian que empleados externos han entrado en la fábrica dentro de furgonas de las fuerzas de seguridad para comenzar a desmontarla.
Pablo RivasDiagonal 15/01/15

CocaCola Iberian Partners (CCIP), embotelladora de Coca Cola en España, ha comenzado esta mañana a desmantelar la planta de Fuenlabrada, en Madrid, a pesar de la resistencia de los trabajadores, que llevan desde febrero de 2014 acampados en una de las puertas del recinto con el fin de evitar, precisamente, el desarme de las instalaciones. Éstos aseguran que la compañía ha enviado esta mañana trabajadores externos a la fábrica con el fin de echarla abajo.“A primera hora de la mañana ha llegado en torno a medio centenar de policías y han entrado trabajadores metidos dentro de una furgoneta policial que creemos están saboteando el interior de la fábrica”, indica Juan Gil, trabajador de CCIP afectado por el ERE que la empresa hizo público a finales de 2013. Las fuerzas de seguridad han cortado la vía de acceso a las instalaciones y han acordonado la fábrica, a la que no se puede entrar por ninguna de sus entradas, desplazando a los trabajadores que se encontraban en uno de los accesos fuera del mismo para permitir el paso de las furgonas policiales. “Nosotros nos hemos retirado desde nuestra posición de no violencia, protestando”, apunta el trabajador.

Por el momento, a las 11.50 horas, los agentes no han desmantelado el campamento de los trabajadores, sito en la puerta trasera.

“Nadie puede estar por encima de la ley en este país, se llame como se llame”, apunta Juan Gil, trabajador de CCIP

La Audiencia Nacional declaró nulos los despidos realizados por la empresa tras una denuncia interpuesta por CC OO en octubre, con lo que CCIP está obligada a readmitir a los empleados. Así, los trabajadores se encuentran a la a la espera de la ejecución provisional de la sentencia. El plazo para ello ha vencido sin producirse tal reincorporación, con lo que la movilización no ha cesado. Es más, desde el pasado 30 de octubre estos trabajadores dejaron de recibir la prestación por desempleo por entenderse incompatible con los salarios que Coca Cola debía empezar a transferirles, salarios que no se han hecho efectivos a día de hoy aunque ya debería estar haciéndolo la empresa, asegura Gil. CCIP, según informan los representantes de los trabajadores, ha ofrecido trasladarlos a otros centros, algo que consideran inaceptable, amparándose en dicha sentencia.

“Están violando el espíritu de la ley, están obligados a reincorporarnos en nuestros puestos de trabajo. No pueden hacer lo que están haciendo, están haciendo sabotaje industrial”, declara el trabajador. “Con nuestras manos y con nuestra voz seguiremos protestando todo lo que podamos y pidiendo la solidaridad de la gente y denunciando esta situación que es un fraude de ley. Nadie puede estar por encima de la ley en este país, se llame como se llame”.

Por otra parte, los trabajadores denuncian que las fuerzas del orden público, en este caso la Policía Nacional, se encuentren “al servicio de la patronal”, afirma Gil, impidiendo el derecho de los trabajadores a mantener su puesto de trabajo.

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